“La minería y la raza humana son una mezcla
perfecta y estratégica para la depredación del planeta”.
“La naturaleza no es un lugar para visitar,
es nuestro hogar”. Gary Snyder.
“Es horrible que tengamos que luchar contra
los gobiernos, para salvar el medio ambiente”. Ansel Adams.
“En la naturaleza está la preservación del
mundo”. Henry Toreau.
La minería legal e ilegal, con permiso o sin
licencia del gobierno, generan los mismos daños por sus formas de extracción,
derraman mercurio y destrozan la tierra de tal manera, que no se podrá volver a
utilizar, Hemos podido descubrir que los estados son permisivos y complacientes
con esta práctica sin ninguna consideración.
La minería en Colombia nunca ha tenido
control estatal, las leyes 1339 de 2009, llamada “Régimen Sancionatorio
Ambiental”, establece unas penas relativamente bajas, ni siquiera se
tienen en cuenta los daños a los recursos geológicos, biológicos, hídricos y
socio económicos.
Geológicos, porqué, la remoción de las capas
superficiales producen erosión, inestabilidad en los terrenos y empobrecimiento
de la tierra.
Biológicos, Por el impacto que esta práctica ocasiona
sobre los bosques naturales, los páramos y los afluentes hídricos.
La minería a cielo abierto causa desviación y
contaminación de los ríos, además socialmente genera violencia, pérdida de
cultura, desigualdad social y crecimiento de la miseria para las comunidades
adyacentes, que antes tenían como sustento la actividad agrícola. Las tierras
se vuelven improductivas y es por eso qué luego son abandonadas.
La defensoría delegada para el medio ambiente
del actual gobierno, aseguró que la minería arrasa con los ecosistemas y acaba
con los cuerpos de agua.
Seis países están destruyendo la Amazonía con
esta práctica de minería, legal e ilegal, son estos; Brasil, Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela.
La Amazonía, está siendo saqueada bajo la
explotación de oro, diamantes y coltán.
Los mayores depredadores con esta práctica
son en orden descendente, Brasil, Perú y Venezuela, causando efectos
devastadores con la presencia de dragas, barcazas y un indiscriminado número de
equipos utilizados para la extracción de oro, acabando con los bosques y los
ríos, estos últimos contaminados con mercurio, ocasionando graves daños a la
salud de los pobladores locales que generalmente son indígenas.
Venezuela es un país fuertemente impactado
por la explotación minera, allí existe una tenebrosa alianza entre mineros,
funcionarios de gobierno, bandas criminales y disidencias guerrilleras
colombianas que allí y en el sur de Colombia, ejercen esta práctica
indiscriminadamente y sin ningún control.
En Colombia la explotación de oro y el
coltán, han afectado las cuencas de los ríos Putumayo, Caquetá, Apopóris,
Guainía e Inírida y como no ha existido control alguno, esta explotación ha
llegado a parques nacionales, páramos, reservas forestales y zonas fronterizas.
Los peces, ahora contaminados, el principal
alimento de los nativos y ribereños, se han convertido en un problema de salud
pública, estudios han revelado acumulación de mercurio y según informes de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el 80% de la población indígena, se
encuentra afectada por este cancerígeno y letal elemento.
Debido a los altos niveles de contaminación
por el mercurio, La Organización de las Naciones Unidas (ONU), creó el convenio
de minimata el año 2013, que consiste en un tratado
internacional, cuyo objetivo principal es proteger la salud humana y el medio
ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas del mercurio.
Este convenio fue firmado por 101 países para
prohibir la importación del mercurio y excepto Perú, Colombia en el gobierno de
Iván Duque y Venezuela, no aceptaron, los demás países firmaron y ratificaron
el acuerdo.
Cabe destacar que la Amazonía peruana, está
totalmente destruida por la minería, el gobierno peruano se ha negado
rotundamente a la regulación de esta actividad y ha optado por una desatención
absoluta al control de la inescrupulosa explotación minera.
Cuando esta actividad se considera legal,
autorizada por los gobiernos, se registra de la siguiente manera: No se
requiere casi de permisos ni licencias del estado, con los títulos mineros y un
contrato es suficiente, estos títulos los expiden en cuestión de días, los
funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente, luego llegan los ingenieros y
sin preguntar nada, no consultan ni piden opinión para entrar a esos
territorios y ponerlos patas arriba, luego destajando monte, empieza un gran
movimiento de máquinas, de palas, de buldóceres, que remueven todo, pasando por
entre los ranchos de los campesinos o rancherías de los indígenas, tumbándolos
e incluso maltratando o pisando a los mismos animales.
Después aparecen señores particulares o de
empresas extranjeras con un maletín lleno de dinero repartiendo migajas por los
daños ocasionados.
A los Wayuu en el cerrejón les movieron el Rio
Ranchería y a pesar de que para hacer eso se requería autorización del Ministerio
Del Medio Ambiente, de CORPOGUAJIRA y por supuesto de la comunidad Wayuu,
no fue posible impedirlo.
Esa empresa argumentaba que generaría
regalías, empleo, desarrollo y que el Gobierno Nacional los había autorizado,
pero lo que no aclaraban era la cantidad de coimas que habían pagado a
funcionarios corruptos e irresponsables de esas entidades gubernamentales, sin
importarles que esas vulnerables comunidades de la Guajira se quedaran sin
agua.
El gobierno y esa empresa jamás tuvieron en
cuenta, que ese río es el único que existe en un Departamento, en que la mitad
de la geografía es puro desierto.
Del agua de ese río, se surtían arhuacos,
kogis, wiwas, kankuamos y por supuesto los wayuu, del cual se beneficiaban,
además de su agua por la riqueza pesquera como el sábalo y muchas otras
especies.
Esta es la cruel realidad de los habitantes
de la guajira, quienes quedaron despojados del líquido vital para la vida y del
río, del cual se valían para cultivar y hacer sus huertas, desde hace más de
500 años.
Actualmente, en el Gobierno de Gustavo Petro,
el Ministerio de Defensa Nacional, presentó un proyecto al Congreso,
configurando esta actividad como ilícita, argumentando que, “quien, sin permiso de la autoridad
competente, explore o explote minerales arena, material pétreo o de arrastre de
los cauces y orillas de los ríos...”, incurrirá en prisión de 55 a 112 meses y
multa de 140 a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Además, endurecer los castigos a las personas
o grupos que burlen los controles ambientales, afecten la naturaleza y
contaminen los ríos o vertientes.
Quienes estén en la minería ilegal, pagarán
de 9 a 20 años de cárcel por participar en lavado de activos proveniente de la
explotación de esos recursos.
La fuerza pública podrá destruir la
maquinaria pesada, el motor de esta actividad con la que se hace la extracción
de estos minerales, siempre que se derive de su uso o pueda ocasionarse daño o
peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud
humana y cuando la situación de seguridad, características o ubicación de la
maquinaria no permita la adopción de otra medida.
Para tal caso la fuerza pública y los
organismos ambientales, verificarán la licencia de las excavaciones.
Al mismo tiempo la iniciativa busca reformar
el código de tránsito para guiar, trasladar o movilizar maquinaria pesada sin
la guía de movilización por las vías u horarios no autorizados o con infracción
al sistema de monitoreo.
También el proyecto contempla el decomiso de
sustancias o insumos químicos utilizados para este tipo de actividad, que
violen los reglamentos de almacenamiento establecidos por el gobierno.
Hay que tener en cuenta que por cada gramo de
oro se están utilizando siete gramos de mercurio.
Con operativos del gobierno se ordena
capturar a los dueños de la explotación minera, pero en estos operativos
solamente caen los que hacen la comida a los trabajadores, que en muchos casos
también son indígenas, pero nunca se captura a los responsables.
Esperamos que el Gobierno Nacional pueda
lograr que el Congreso apruebe este proyecto de ley que establece importantes
controles a esta reprochable actividad.
Para terminar, quiero recordar que la
destrucción irremediable de la naturaleza constituye una terrible amenaza.
Científicos y ambientalistas diariamente nos
dan su voz de alerta, pero los gobiernos prestan oídos sordos al tema de la
deforestación y la destrucción de los ecosistemas.
Una acción genocida también es la aplicación
de hormonas, herbicidas, insecticidas, abonos químicos, alimentos transgénicos,
cuyas consecuencias no se hacen esperar sobre la salud de la población.
La tierra está intoxicada, el hombre moderno
para nutrirse se ve obligado a consumir carnes impregnadas de estrógeno,
anabólicos y antibióticos causantes de enfermedades hormonales, alteraciones en
el sistema endocrino y en los comportamientos sociales.
Millones de toneladas de residuos atómicos
desembocan en los océanos contaminando con su radioactividad la mayor reserva
de alimentos hacia el futuro.
Pruebas nucleares indiscriminadas alteran el
clima y la estructura de la tierra, desencadenando terremotos, fracturando las
placas tectónicas, para amenazar con destruir continentes, promovidas por la
irresponsabilidad del hombre, al tratar de manejar fuerzas desconocidas.
Abelardo Giraldo López
19/05/2024.