“No es cierto que el poder corrompa, lo que hay es político que corrompen el poder”.George Bernard Shaw.
“La política saca a flote, lo peor del ser humano”. Mario Vargas Llosa.
El historiador romano Flavio Josefo, afirmaba que en la época de Julio César, los publicanos, aquellos que manejaban la banca o sea los representantes de los recaudadores de impuestos, vivían contrariados con las políticas impuestas por este, al establecer controles a sus actividades y hurtos.
“POSTUMO” representante de esta gente en el Senado, le dijo un día a Julio César, “Tendrás nuestra generosa contribución, pero aconseja a tus inspectores que cierren un ojo, uno solo, sobre la actividad de las empresas de los recaudadores, considérese satisfecho si los publicanos roban menos, pero no pretendas que dejen de robar por completo”.
Julio César concluía que el acuerdo era necesario para no arrojar a los brazos de la oposición aristocrática esos insaciables “chupasangre” que siempre habían apoyado su partido.
Nos resulta paradójico que en la actualidad Borges hubiese considerado que los grandes negocios del mundo, impiden que cualquier gobernante sea leal con su pueblo.
Jorge Volpi, quien recibiera su premio “Casa de América” con la obra” EL INSOMNIO DE BOLIVAR”, analizando la América del siglo XXI, establece el decálogo del caudillo democrático contemporáneo, así:
1.-Utilizar la palabra democracia en toda ocasión, cada vez que sea posible, sin importar las medidas que se adopten.
2.- Utilizar la palabra cambio en toda ocasión, cada vez que sea posible.
3.- Acusar a los adversarios de “antidemocráticos”.
4.-Presentarse como una persona normal, capaz de entender los problemas de la gente, nunca como un político profesional, “por más que lleve los últimos veinte años en la política” y emplear un lenguaje coloquial con palabras altisonantes, frases populares y de doble sentido.
5.- Vituperar una y otra vez la política y a los políticos y denunciar con violencia las prácticas corruptas del antiguo régimen “aunque hubiese formado parte de él”.
6.- Hablar despectivamente de “lo que se decide” en México, en Lima, en La Paz, en Buenos Aires, en Bogotá, en Washington o en cualquier otra ciudad capital.
7.-Arremeter contra los privilegios de los ricos, “aunque en secreto se pacte con ellos”, Defender la soberanía en contra de los espurios intereses extranjeros, “mientras se hace negocios con toda clase de empresas transnacionales” y señalar de vez en cuando, algún intento golpista, diseñado para detener el cambio.
8.-Presentarse como la única persona en el universo capaz de combatir el crimen y acabar con la impunidad “pese a pactar en secreto con distintos grupos criminales”.
9.- Mandar al diablo a las instituciones y señalar su complicidad con los enemigos de la democracia.
10.- Prometer un nuevo orden legal que por fin recogerá la voluntad democrática de la nación, “aunque en realidad solo busque acrecentar sus intereses personales y su propio poder”.
En América Latina, después de tantas décadas de autoritarismo encontramos que son los partidos los que compiten y se reparten el poder, pero una auténtica democracia no solo debería regir la competencia entre estos, sino su vida interna y los mecanismos que emplean para elegir a sus candidatos, pues los que figuran en listas para diputados, representantes o senadores, rara vez son conocidos por los votantes.
Generalmente son burócratas al servicio de los partidos que en lugar de representar los intereses de los ciudadanos, se dedican a proteger los de sus respectivos grupos políticos.
De esta forma la democracia degenera en PARTIDOCRACIA, “Un gobierno de los partidos, para los partidos y por los partidos”, que rara vez, rinden cuentas a los ciudadanos.
Los partidos son un excelente negocio, alimentados con los recursos de los contribuyentes, con las prebendas que obtienen al apoyar tal o cual proyecto de ley, o con las tajadas que reciben de los grupos económicos que los amparan.
Este fenómeno de los partidos viene acompañado de una rampante corrupción porque carecen de transparencia.
El modelo macroeconómico de la América Latina está dando buenos resultados, pero no está mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos, por lo tanto, la región se ha venido convirtiendo en la más violenta y donde es mayor el crecimiento de la desigualdad social.
Un informe publicado por la ONG Alemana, Transparencia Internacional (TI), concluyó que los países menos corruptos de la región son Chile, Uruguay, Puerto Rico, Costa Rica, seguidos por Cuba, Brasil y El Salvador.
En el vagón de los más corruptos viajan, Venezuela (19 puntos), Paraguay (25 puntos), Honduras (28), Nicaragua (29), Ecuador (32), y Colombia con (36) puntos.
Con respecto a Colombia hay que destacar que se han venido aplicando reformas y cambios estructurales gracias a que algunas instituciones de control como la fiscalía y la procuraduría han venido actuando en contundencia contra las manifestaciones de corrupción, por parte de políticos y funcionarios públicos.
Transparencia Internacional realizó este estudio en 196 países y llegó a la conclusión de que los gobiernos deben tomar posturas más firmes contra los abusos de poder, porque el alto costo que supone la corrupción siempre cae sobre las espaldas de los ciudadanos.
De la América que soñara Bolívar queda muy poco, un conjunto de democracias llenas de problemas, siendo la mayor de todas, la tremenda desigualdad social, una democracia representativa que solo le da garantías a la iniciativa privada, sin redistribución de la riqueza y sin derechos sociales.
La democracia en el mundo, está siendo secuestrada por elites neoliberales y por ahora está mostrando su rostro más despiadado en la Europa del siglo XXI, particularmente en España y Grecia.
En los países generalmente se presentan turbulencias sociales, por ejemplo en incidentes electorales, en los cambios gubernamentales, en la formación de coaliciones para gobierno o cuando se presentan desajustes económicos entre otros fenómenos.
Pero una sociedad es de ciudadanía plena y de desarrollo democrático eficiente, en la medida en que los ciudadanos sean conscientes de sus deberes y responsabilidades cívicas, que además entiendan y conozcan el sistema político electoral.
Por profesional, entendemos una administración pública sostenida por un fuerte sistema de servicio civil que permita la continuidad, la estabilidad social y la eficiencia en los procesos administrativos públicos, independientemente de las contingencias políticas que los cambios electorales acarrean en las sociedades democráticas.
Abelardo Giraldo.01/08/13.