“Este no es un presidente, es un delincuente”. El slogan que estuvo utilizando, la multitudinaria marcha de las
antorchas, en Tegucigalpa Honduras.
Actualmente, el sistema hondureño de seguridad
nacional que está en la quiebra, arrastra denuncias por corrupción que superan
los 350 millones de dólares, los
implicados están profundamente vinculados a los gobiernos de Porfirio Lobo y al actual mandatario Juan Orlando Hernández.
Un periodista de nombre David Romero, publicó cheques
y empresas de maletín que sustrajeron dineros del Instituto Hondureño del Seguro Social “IHSS” hasta llevarlo a la bancarrota.
Una red dirigida por el Director del Instituto, Mario Zelaya, durante el gobierno del
presidente Porfirio Lobo, (2010-
2014), se gastó de manera fraudulenta 120 millones de dólares, provenientes de
la caja destinada a la compra de
medicamentos para el sistema sanitario y pago de pensiones por vejez e invalidez.
Parte de estos dineros terminaron en las arcas del
partido al que pertenece el actual gobierno. Zelaya fue detenido después de una
espectacular fuga por varios países y con su captura se descubrió que además de
él, existían 18 personas más, entre las que figuraban ex ministros y ex
diputados.
Estos Señores sobrevaloraban en más del 100% los
productos y servicios requeridos para la seguridad social de los hondureños y
un grueso número de inescrupulosos empresarios locales, se prestaban para el robo, pagando además jugosas comisiones a estos detestables y vulgares
administradores de la salud.
Al parecer, el
presidente Hernández, está removiendo
miembros de la Corte Suprema y del Poder Judicial, que han iniciado
investigaciones por los mencionados actos de corrupción, actitud que viene
siendo ampliamente cuestionada por los sindicatos y altas personalidades de la
política nacional.
A través de las redes sociales los jóvenes se han
convocado para la realización de grandes marchas, y las han denominado como “La Marcha de Las Antorchas”.
La primera se realizó en Tegucigalpa, la capital, en
donde con una vigilia de antorchas, se recordaron a todos aquellos que
murieron, por no haber sido atendidos
oportunamente en los hospitales del Estado,
precisamente por falta de recursos
económicos en el Instituto del Seguro Social.
Después hubo réplicas de estas marchas, en ciudades
como San Pedro Sula, Siguatepeque,
Choluteca y Comayagua.
La diputada Gabriela
Núñez, desde Tegucigalpa, en
entrevista con CNN, se consideró profundamente consternada, debido a esa gran ofensa social, que ocasionó el desvío de los dineros que favorecen al pueblo. Hizo
pública su denuncia afirmando que a pesar de haberse descubierto este desfalco,
existe una rampante impunidad, que los actos de corrupción continúan y no se ha
detenido a ninguno de los implicados bajo la actual administración.
El clamor de la gente es, que se haga justicia, que los actuales actos se investiguen hasta
sus últimas consecuencias y se les aplique
todo el peso de la ley a estos indeseables
infractores.
Como no hay confianza en las instituciones, las
organizaciones sindicales y grandes líderes sociales, están pidiendo
urgentemente una veeduría internacional, pero el presidente Juan
Orlando Hernández, es renuente y
gran opositor a cualquier intervención extranjera.
Al comparar estos casos con los actos de corrupción
ocurridos en Colombia, encontramos que existe una diferencia enorme, si tenemos
en cuenta la cuantía de estas ilícitas substracciones, en la sola capital de la República Santafé de Bogotá, el carrusel de las
contrataciones desapareció recursos de la salud por $30.000 millones de pesos y
realizó contratos de ambulancias que nunca existieron por $67.000 millones, sin
contar los demás, que han sido de conocimiento público y ocurridos durante la administración del Alcalde Samuel Moreno Rojas, próximo a salir en
libertad.
En Colombia, la corrupción toca administraciones
municipales, gobernaciones, departamentos administrativos y concesionarios del
estado a todo nivel.
Abelardo Giraldo| 06/10/15.
Imagen| Redes Sociales.
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